¿Cómo leer la ERICC?

Las evaluaciones de riesgos climáticos son un elemento esencial del ciclo de las políticas de adaptación al cambio climático, ya que proporcionan un diagnóstico de referencia que orienta la toma de decisiones. Aunque no ofrecen soluciones cerradas, sí establecen una base sólida sobre la que desarrollar medidas eficaces para reducir la vulnerabilidad y gestionar los riesgos. La interpretación de los resultados de la evaluación y su traducción en acciones concretas corresponde a otras fases del proceso de adaptación.

Comprender esta lógica es clave para interpretar correctamente el alcance de la ERICC 2025. Este documento no busca presentar un catálogo de soluciones ni definir políticas específicas, sino ofrecer un diagnóstico riguroso y actualizado sobre los riesgos climáticos que afectan al territorio. Su valor reside en proporcionar una base técnica y estratégica que sirva de guía para futuras decisiones, tanto en el ámbito público como privado.

Por ello, la ERICC se centra en el análisis de riesgos —impactos, peligros, vulnerabilidades, factores de exposición—, más que en la formulación de respuestas. Las políticas y medidas de adaptación deberán desarrollarse en etapas posteriores, en coherencia con los resultados aquí expuestos y en diálogo con los distintos actores implicados.

Además, el carácter periódico del trabajo —que se realizará cada cinco años— permite reconsiderar los riesgos analizados en cada evaluación, en función del conocimiento disponible en ese momento.

La evaluación presentada tiene un alcance nacional, lo que permite ofrecer una visión agregada del conjunto del territorio español. Esta escala resulta útil para identificar tendencias generales y establecer prioridades estratégicas. Sin embargo, pueden quedar fuera del análisis algunos riesgos relevantes que afectan de forma más específica a determinadas regiones o municipios.

Por ello, se destaca la importancia de complementar la ERICC con análisis más detallados a escala autonómica o local, que permitan una adaptación más ajustada a las características y necesidades de cada territorio.

Frente a la posibilidad de un análisis centrado en peligros climáticos concretos —como por ejemplo las olas de calor o las inundaciones—, La evaluación se ha realizado desde la perspectiva del riesgo, habitual en los estudios existentes sobre los efectos del cambio climático, así como en el campo de la gestión.

En la formulación de los riesgos se ha tenido en cuenta “la propiedad del riesgo” (cuáles son los actores clave en su seguimiento y control).

Esta aproximación permite tener una visión más completa de cómo el cambio climático afecta a diferentes áreas; coordinar mejor las acciones de prevención y respuesta entre distintas instituciones; y facilitar la toma de decisiones políticas y técnicas basadas en datos y prioridades.

Aunque la evaluación se ha realizado desde una perspectiva sectorial y no territorial, este enfoque no impide extraer conclusiones relevantes teniendo en consideración la desigual distribución espacial de los riesgos climáticos. Reconocer estas diferencias es esencial para diseñar estrategias de adaptación que respondan a las realidades específicas de cada territorio.

La Evaluación Nacional de Riesgos ha evidenciado que los impactos del cambio climático no se distribuyen de manera homogénea en el territorio. Algunos riesgos, como los incendios en la interfaz urbano-forestal, afectan especialmente a zonas periurbanas, mientras que otros, como la pérdida de recursos naturales o los efectos sobre el sector agrario, inciden con mayor intensidad en comunidades rurales y en aquellas que dependen directamente del entorno natural. Esta diversidad territorial exige aproximaciones diferenciadas en la gestión del riesgo y en la planificación de la adaptación.

El cambio climático afecta de manera diferente al medio rural y al urbano debido a las diferentes características socioeconómicas, geográficas y estructurales.

Las ciudades suelen contar con una infraestructura más robusta (hospitales, infraestructuras de transporte, etc.) lo que hace que puedan responder con mayor facilidad a algunas amenazas. Pero la concentración de la población y las deficiencias en la planificación aumentan el riesgo en unos espacios con amenazas climáticas tan relevantes como las olas de calor (el efecto isla de calor urbana exacerba las temperaturas) o las inundaciones en un medio altamente impermeabilizado

Por otra parte, en las zonas rurales se concentran sectores altamente sensibles al cambio del clima (agricultura, pesca, ganadería). Existe una mayor dependencia de los recursos naturales lo que aumenta la vulnerabilidad de estas poblaciones frente a procesos como el aumento de la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad o los cambios en los patrones de precipitación. También existen diferencias en cuanto al acceso a tecnologías y a los recursos financieros necesarios para adaptarse al cambio climático.

Durante el proceso de evaluación se han identificado lagunas de conocimiento que afectan a la valoración de algunos riesgos. Estas carencias, de tipo metodológico o relacionadas con la disponibilidad de datos, señalan áreas clave para la investigación futura. En este sentido, la ERICC cumple también una función orientadora para las políticas públicas, al señalar dónde es necesario reforzar la generación de conocimiento.

La evaluación se fundamenta en el conocimiento científico existente y en la interpretación que los autores hacen del mismo y, en ese sentido, se basa en los datos ya disponibles y accesibles. En este proceso, el criterio experto ha desempeñado un papel relevante en determinadas ocasiones, especialmente para complementar lagunas de información, contextualizar evidencias o aportar una visión integrada cuando los datos no son concluyentes.

Dado que la evaluación se actualizará cada cinco años, el análisis de la urgencia se ha centrado en los riesgos que pueden materializarse en el corto y medio plazo, por ser los más inminentes. No obstante, también se han tenido en cuenta aquellos riesgos cuya manifestación se prevé a largo plazo, pero que requieren una respuesta inmediata debido a su gravedad, carácter irreversible o la necesidad de una planificación anticipada.

El nivel de confianzaz —ya sea alto o bajo— se refiere a la cantidad y calidad de estudios que analizan el comportamiento de un determinado riesgo a lo largo del tiempo. La incertidumbre no radica en si el riesgo existe o no —eso ya queda confirmado por la evidencia disponible—, sino en cuándo se manifestarán sus impactos y con qué intensidad. Aunque persisten incertidumbres, el conocimiento acumulado sobre la evolución de los peligros climáticos permite extraer conclusiones fundamentadas sobre la posible evolución futura del riesgo.

Por último, es importante señalar que cada capítulo sectorial incluye un marco conceptual que resume los principales riesgos identificados, sus componentes clave, una serie de factores subyacentes, no climáticos, que pueden amplificar los riesgos climáticos y las interconexiones con otros ámbitos. Este enfoque busca facilitar la comprensión de la complejidad de los riesgos abordados.

Además, se presenta una cadena de impactos para cada uno de los riesgos clave, con el objetivo de ilustrar sus posibles consecuencias.

Cabe destacar que todos estos esquemas son síntesis de elementos principales, representaciones simplificadas de la realidad. No pretenden ser una reproducción exacta, sino modelos ilustrativos que ayudan a entender mejor los fenómenos descritos.

La incorporación en la Evaluación de Riesgos e Impactos derivados del Cambio Climático de eventos extraordinarios de tipo climático —como la DANA de octubre de 2024 o los incendios forestales del verano de 2025—plantea importantes desafíos técnicos, metodológicos y emocionales. A diferencia de los fenómenos recurrentes que configuran las series históricas, estos episodios extremos no son fácilmente comparables ni extrapolables. Sin embargo, su análisis resulta imprescindible para comprender la creciente vulnerabilidad del territorio frente a fenómenos extremos.

Dado el escaso tiempo transcurrido desde los eventos citados es necesario evitar conclusiones prematuras basadas en datos aún incompletos. En ciclos posteriores, se prevé integrar estos eventos de manera más detallada, una vez se disponga de información consolidada y se haya superado la fase inicial de emergencia. Esta aproximación contribuirá a enriquecer el diagnóstico de riesgos climáticos y a fortalecer la capacidad de anticipación y respuesta ante futuros escenarios.

Limitaciones en el tratamiento de la DANA de octubre de 2024

La DANA del 29 de octubre de 2024 —que provocó 227 víctimas mortales¹ y superó cualquier registro previo— constituye un ejemplo extremo del elevado potencial destructivo de estos fenómenos y de sus repercusiones económicas, sociales y ambientales.

Entre los factores que dificultan una evaluación temprana destacan:

1. El carácter sin precedentes del evento.
2. La alta variabilidad e incertidumbre sobre la evolución del fenómeno.
3. La disponibilidad de información aún limitada y no consolidada.

Limitaciones en el tratamiento de los incendios forestales del verano de 2025

Los peligros climáticos que agravan este tipo de fenómenos —como las altas temperaturas, las olas de calor y la sequía acumulada— están en aumento. En particular, la ola de calor registrada en agosto de 2025 tuvo una duración de dieciséis días y convirtió los primeros veinte días del mes en el período más cálido registrado en España desde, al menos, 1961. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se trató de la ola de calor más intensa jamás registrada en el país.

A pesar de su magnitud, la cercanía temporal de los incendios forestales del verano de 2025 ha imposibilitado su análisis exhaustivo en el marco del presente ejercicio. Este tipo de evaluación requiere un tratamiento más reposado y una recopilación sistemática de datos que, a día de hoy, no están plenamente disponibles. Por este motivo, se ha optado por no incluir datos provisionales sobre estos eventos en esta edición, si bien se reconoce su importancia y se prevé su consideración en futuras actualizaciones.

En conjunto, tanto la DANA de 2024 como los incendios forestales de 2025 ponen de relieve la urgencia de avanzar hacia sistemas más sólidos de observación, análisis y atribución. Su consideración en futuras ediciones de la evaluación permitirá no solo perfeccionar la comprensión de los riesgos emergentes, sino también orientar políticas de adaptación y reforzar la preparación institucional y social ante fenómenos de creciente intensidad y frecuencia